En esta sesión, impartida por Benito Grande y Vicente García, de la empresa Efinétika, entidad colaboradora de AIC desde el pasado mes de noviembre, se pretende que los asistentes sean capaces por sí mismos de analizar el consumo eléctrico de su empresa y su contratación con la empresa suministradora, determinando los cambios a realizar en dicha contratación (cambio de tarifa, discriminación horaria, aumento batería de condensadores, etc) de forma que la empresa obtenga el mejor precio posible en la compra de energía eléctrica a la red.

Con este estudio se consiguen ahorros económicos en la facturación eléctrica de la empresa que contribuyen a disminuir el coste de producción e implícitamente a generar una conciencia energética en la empresa.

Las empresas asociadas que han participado en este taller, han tenido la oportunidad de valorar sus propias facturas con el fin de saber entender el consumo eléctrico y detectar posibles errores de facturación.

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Desde la Asociación de Industriales AIC, de la mano de D. Guillermo Andaluz Carnicer, Graduado social, asesor laboral de AIC y mediador en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje y por Dña. Beatriz Domínguez Calvo, Secretaria Delegada del Servicio Aragonés de Mediación de Arbitraje, fue presentado el texto de la nueva normativa.

Se destacaron aspectos clave que se consideraron de interés para los empresarios. Se habló de las modificaciones en relación a los contratos de trabajo, del nuevo contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, del contrato para la formación y el aprendizaje, del contrato a tiempo parcial; de las medidas alternativas a la destrucción de empleo; de los convenio colectivos; de las medidas para favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral; de la indemnización por despido: la reforma generaliza la indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades, estableciendo una disposición transitoria para los contratos anteriores, y manteniendo la indemnización del despido procedente por causas objetivas en  20 días por año trabajado, con un máximo de un año de salario; etc, etc.”.

En un ambiente distendido y amigable, el Presidente de AIC, D. José Mª Gómez, clausuró la jornada agradeciendo a los ponentes su brillante exposición. Seguidamente, explicó que con motivo de la huelga general convocada y ante la problemática que se puede plantear en las empresas, AIC como organización empresarial se pone a disposición de todas sus empresas asociadas para coordinar las actuaciones frente a posibles incidencias y efectuar un seguimiento puntual de los acontecimientos.

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Si necesitan un resumen de la normativa o realizar cualquier consulta al respecto, no duden en poner en contacto a través de tfno. 976503185 o en el email  aic@aic.es

La Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), promoverá a través del Ministerio de Industria un proyecto de Ley de Competitividad de las Áreas Empresariales. La idea es plasmar en el proyecto de Ley un conjunto de medidas que, a su vez, dé lugar a la formulación de un Plan Nacional de Competitividad de las Áreas Empresariales con la participación de las Comunidades Autónomas.

Así se lo han trasladado los responsables de CEPE al director general de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Manuel Valle Muñoz, en el transcurso de una reunión en la que se dio a conocer las propuestas de esta organización para los polígonos industriales. Se estima que la facturación de las empresas con domicilio social en polígonos empresariales representa mas del 50%  del PIB nacional.

A la reunión asistieron Luis Noguera, presidente de CEPE, y varios miembros de la junta directiva: los presidentes de las federaciones de Albacete, Aragón, Asturias, Mallorca, Murcia y Valencia, que expusieron la problemática de estos territorios y plantearon la creación de un órgano de trabajo en el que participen los poderes públicos implicados y los representantes de las áreas empresariales.

Manuel Valle Muñoz se interesó por los planteamientos hechos por los empresarios y les trasladó su apoyo.

En palabras de Noguera, “para apoyar la competitividad de las empresas es absolutamente necesario conseguir que las áreas empresariales impliquen un elemento potenciador de la competitividad y productividad”.

Al tiempo, el presidente de CEPE considera necesario “impedir que, por el contrario, se conviertan en una carga que actúe en sentido contrario, lastrando a las empresas con costes externos injustificados y con problemas ajenos a sus actividades empresariales”.

Para ello, CEPE plantea elaborar planes de actuación para la modernización y adecuación de las áreas empresariales obsoletas, y la modificación de la legislación para establecer la obligatoriedad de existencia de entidades gestoras que integren la participación público-privada y aseguren su sostenibilidad. Todo ello sin que suponga, en ningún caso, el traslado de cargas injustificadas a las empresas ni una doble imposición y que servirían también para dotarlas de servicios avanzados cogestionados.

Para articular todas estas propuestas CEPE promoverá a través del Ministerio de Industria el referido proyecto de Ley de Competitividad de las Áreas Empresariales.

Desde la Dirección General, Manuel Valle Muñoz se comprometió a estudiar las propuestas de CEPE y a trabajar coordinadamente para adaptar las áreas industriales a las necesidades actuales.

CEPE es una asociación de ámbito nacional, sin ánimo de lucro, que agrupa 150 asociaciones de áreas empresariales con 80.000 empresas, y 8 entidades colaboradoras de toda España.

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Somos una empresa localizada en Zaragoza y que cuenta con más de 25 años de antigüedad. Durante estos años hemos perfeccionado nuestra actividad hasta contar en la actualidad con unas completas instalaciones técnicas y medios humanos de alta cualificación. Todo ello nos ha permitido posicionarnos en un lugar relevante en nuestro país.

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El 69% de los miembros de la Asociación de Industriales AIC consideran excesivos los costos financieros, es decir, comisiones e intereses, derivados de las operaciones habituales, entre las que destacan las líneas de crédito. Sin embargo, estas peticiones han disminuido por miedo a no ser concedidas. Así, el 66% de los asociados reconoce que no ha solicitado una línea de crédito o no se la han aprobado.

Son datos que pertenecen a un estudio elaborado por la Asociación de Industriales AIC en colaboración con la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc). Entre las conclusiones más destacadas, el documento asegura que las cajas de ahorro son las entidades financieras con las que más trabajan las empresas de la AIC, con una fidelidad muy alta por parte del cliente. No obstante, los que trabajan con bancos ostentan un mayor grado de satisfacción.

El presidente de AIC, José María Gómez, ha destacado que el principal problema es “la falta de crédito, ya que muchas entidades están con problemas”. “Otro de los aspectos más negativos, ha añadido, es la falta de respuesta de las operaciones, puesto que, cuando llevas a que estudien determinados proyectos a la sucursal “pueden tardar cuatro o cinco meses en dar una respuesta, algo que para una pyme o micropyme es fatal, y cuando te contestan te dicen que no”.

Además, sólo el 27% de los sondeados se consideran bien atendidos financieramente por las entidades en términos generales y sólo un 10% recibe información puntual, frente a un 63% que se siente totalmente desatendido.

Los productos tóxicos suponen otro de los puntos más negativos del sondeo, ya que el 40% de los miembros de la AIC está afectado por este tipo de productos y el 10% se declara “engañado” literalmente por la entidad.

Por su parte, el delegado de Ausbanc en Aragón, Alberto Cardona, ha indicado que, además del incremento de las comisiones, también es “muy preocupante” la “oscuridad a la hora de informar al no trasladar la variación de las normas”.

Reforma laboral 

En cuanto a la nueva reforma laboral, el presidente de AIC, José María Gómez, ha remarcado que “va en la buena línea aunque no genere empleo en corto plazo”. Gómez también ha destacado que se trata de una reforma “muy escasa para pymes y micropymes”.

El objetivo, ha enfatizado Gómez, es “acabar con los cinco millones de parados y conseguir más facilidad para que las empresas puedan crear más puestos de trabajo.

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